SACRAMENTO, California - Cecilia Santillano se enfrentó a

una decisión difícil el año pasado antes de que se cortara la luz en su

vecindario de Simi Valley: ignorar sus pagos mensuales y comprar un generador,

o esperar a que las baterías de los ventiladores de su esposo duraran más.

"Si no tuviera el generador y no hubiera electricidad

ni señales de que volviera, George podría comenzar a fallecer", comentó

Santillano, cuyo esposo sufre una rara enfermedad autoinmune y está atado a una

silla de ruedas. "Son caros y no quería comprarlo, pero prefiero que

estemos a salvo".

El apagón que sufrió Santillano no estuvo relacionado con la

prevención de incendios forestales, dijo que fue causado por mantenimiento de

Southern California Edison. Pero los apagones como el de ella podrían volverse

más comunes y prolongados a medida que las empresas de servicios públicos de

California amplíen su uso de cortes de electricidad intencionales para evitar

que las líneas eléctricas generen incendios forestales.

Líderes locales y trabajadores de salud pública temen que cientos

de miles de californianos vulnerables, como Santillano, pudieran encontrarse en

situaciones cada vez más graves. También reconocen que hay intercambios

dolorosos.

"Es una situación realmente difícil", confesó Karen

Relucio, funcionaria de salud pública en el Condado de Napa. "Si no cortan

el suministro eléctrico, es posible que el condado se incendie. Pero si cortan

el suministro eléctrico, es posible que haya alguien que muera porque su

respirador deja de funcionar".

Las autoridades dicen que las empresas de servicios públicos

hasta ahora no han advertido adecuadamente a las personas con problemas de

accesibilidad o que dependen de equipos médicos y medicamentos refrigerados

para mantener su vida, ni han avisado a los funcionarios de seguridad pública y

a las agencias locales de servicios de salud con suficiente antelación antes de

los "apagones de seguridad pública" que ocurrieron el año pasado.

El gobernador Gavin Newsom expresó su frustración con el

manejo de un apagón que realizó Pacific Gas & Electric (PG&E) en junio,

diciendo que "no hubo coordinación ni colaboración con el estado".

"Estuvieron en la oficina, literalmente, al día

siguiente y tuvimos una conversación muy honesta sobre las expectativas",

agregó Newsom, un demócrata. "Estamos trabajando para asegurarnos de que

esto se haga de manera adecuada".

El senador estatal Mike McGuire, demócrata por Healdsburg,

calificó al manejo PG&E de un apagón en el norte de California en octubre de

"un desastre". La compañía de San Francisco le pidió al alguacil del

Condado de Lake que firmara un acuerdo de confidencialidad de último minuto

para obtener acceso a la lista de clientes dependientes de la electricidad de

la compañía; provocó el cierre de una escuela que no terminó perdiendo energía

y en general no comunicó sus planes, destacó.

"PG&E no estaba en absoluto preparado y estaban

completamente desorganizados", criticó McGuire. "Creo que pusieron

vidas en riesgo y tuvimos suerte de no haber visto ninguna lesión relacionada

con esos apagones de energía planeados".

Sumeet Singh, vicepresidente del Programa de Seguridad Comunitaria

ante Incendios Forestales de PG&E, admitió las primeras fallas durante una

audiencia legislativa reciente.

"Lo admitimos. Yo lo admito", dijo Singh a McGuire

y otros senadores estatales. "Me comprometo a que haremos todo lo posible para

asegurarnos de satisfacer las necesidades y los intereses con respecto a la

información que nuestro equipo realmente debería proporcionarles".

Los cortes de energía intencionales, especialmente aquellos

que duran un día o más, plantean serios riesgos para algunos residentes,

particularmente los ancianos o aquellos con problemas médicos. Los respiradores

y otros dispositivos médicos electrónicos pueden apagarse. Con el aire

acondicionado apagado, aumenta la posibilidad de sufrir un golpe de calor. Las personas

ven sus alimentos echarse a perder en sus refrigeradores, lo que los pone en

riesgo de intoxicación accidental.

Las redes celulares y las señales de tráfico afectadas y

otros problemas de infraestructura también aumentan los riesgos para la seguridad

pública.

Un estudio de un apagón en toda la Ciudad de Nueva York en

2003 encontró que la mortalidad total aumentó un 28 por ciento durante el

evento de dos días. Los cortes de energía y el agravamiento de problemas

médicos existentes fueron las causas más comunes de muerte relacionadas con el

huracán Irma en 2017, según los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades.

Sin embargo, California se ha visto afectada por repetidos

incendios mortales en los últimos años, y muchos legisladores ven los apagones

como una herramienta fundamental de último recurso para evitarlos. Si bien los

funcionarios instan a las empresas de servicios públicos a que analicen

cuidadosamente la necesidad de cortes de energía, no suspender el suministro

eléctrico en escenarios de alto riesgo tiene el potencial de ser catastrófico.

PG&E se preparó para cortar el suministro de energía al

Condado de Butte antes de que ocurriera el incendio de Camp de noviembre, pero

decidió no hacerlo a último momento. Una línea de transmisión provocó el incendio,

el más mortal en la historia del estado, y PG&E declaró que esta de todos

modos no se había incluido en el corte de electricidad.

Durante el apagón intencional que afectó al Condado de Lake

el año pasado, PG&E encontró 18 casos de daños a sus equipos relacionados

con el viento antes de que la compañía restableciera la energía.

Las conversaciones sobre la suspensión del suministro

eléctrico para evitar incendios forestales comenzaron hace más de una década.

San Diego Gas & Electric (SDG&E) solicitó permiso a los reguladores

estatales para cortar la energía después de que los vientos de Santa Ana

derribaron las líneas eléctricas de la compañía y provocaron el incendio Witch

de 2007, el cual quemó casi 200 mil acres y mató a dos personas.

Newsom y otros coinciden en que los cortes intencionales pudieran

ser razonables en circunstancias extremas cuando los fuertes vientos, las altas

temperaturas y la vegetación seca creen las condiciones que han llevado a

algunos de los incendios forestales más destructivos de California. Pero las

preocupaciones sobre cómo se llevarían a cabo los apagones crecieron el año

pasado cuando Southern California Edison y PG&E anunciaron planes para

desarrollar sus propias políticas de interrupción y cortar la electricidad con

más frecuencia.

McGuire está impulsando una legislación que haría que sean

obligatorias las notificaciones previas a los departamentos de policía,

bomberos y alguaciles, instalaciones de atención médica y proveedores de

telecomunicaciones si sus instalaciones se verán afectadas por una

interrupción. Se espera acción en su proyecto de ley antes de que la

Legislatura levante la sesión anual el mes próximo.

Los lineamientos estatales recientemente revisados dictan que

todos los clientes deben recibir un aviso mínimo de 24 a 48 horas previo a un

corte, pero los reguladores estatales reconocen que la advertencia anticipada

no siempre es posible durante los cambios climáticos rápidos. El estado ha

esperado que las empresas de servicios públicos hagan un esfuerzo adicional

para comunicarse con los clientes con problemas médicos y de accesibilidad y

garantizar que tengan un plan de respaldo si el corte de energía dura periodos

prolongados.

Las empresas de servicios públicos se reunieron con

comunidades locales en todo el estado y algunos funcionarios dicen que la

comunicación de PG&E ha mejorado desde el año pasado. Edison no ha cortado

el suministro de manera proactiva este año y mantuvo partes de los condados de

Los Ángeles y San Bernardino bajo advertencias de interrupción durante casi un

mes, de junio a julio. Algunos críticos temen que los clientes de Edison puedan

comenzar a ignorar las advertencias repetidas y no estar preparados cuando la

empresa desencadene una interrupción.

El vocero de Edison, Brian Leventhal, puntualizó que las

advertencias son importantes para garantizar que las personas se preparen para

posibles interrupciones y que la compañía "continúa ajustando el

proceso".

La Conferencia de Funcionarios de Salud Locales de

California, un grupo de 61 funcionarios de salud del condado formado en la

década de 1970 para asesorar al estado sobre asuntos de salud pública, votó

para enviar una carta a la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC,

por su sigla en inglés) expresando su preocupación por las prácticas de corte

de energía.

"Mi mayor preocupación es que tenemos el potencial de

hacer más daño que bien", dijo Andy Miller, oficial de salud pública del

Condado de Butte. "Nos gustaría una evaluación de ese daño antes de seguir

adelante resueltamente".

Con el fin de identificar y advertir a los residentes

vulnerables antes de un corte de energía, las empresas de servicios públicos

hasta ahora han dependido de las listas de participantes en sus Programas de Línea

Básica Médica, que permiten a las personas recibir tarifas mensuales con

descuento si usan electricidad para mantener equipos médicos de soporte vital o

sillas de ruedas motorizadas, o si sufren de otros problemas médicos que

califiquen.

Relucio informó que PG&E intentó ofrecer un aviso

anticipado a menos de 150 residentes del Condado de Napa en su Programa de

Línea Básica Médica que vivían dentro de áreas que perdieron energía durante

los apagones de octubre y noviembre.

A principios de este año, Relucio y sus colegas realizaron

su propio recuento de residentes cuya salud depende de equipos eléctricos o que

dependen de medicamentos refrigerados. El condado, al acceder a bases de datos

federales, estatales y locales, descubrió que la lista interna de PG&E

probablemente solo cubría a alrededor del 10 por ciento de los residentes que podían

haber estado en riesgo, dijo Relucio.

Elizaveta Malashenko, directora de Política de Seguridad y

Cumplimiento de la CPUC, coincidió en que las empresas de servicios públicos

dependen de un conteo "muy incompleto" de los residentes que dependen

de la electricidad por problemas médicos.

Dijo a los legisladores estatales este mes que los programas

de línea básica médica no fueron diseñados para la respuesta de emergencias.

Los residentes de algunos parques de casas móviles o propiedades donde los

administradores de edificios reciben una factura de electricidad para toda la

comunidad no pueden registrarse para los programas.

"Hubo gente que nos visitó en la estación de bomberos

para cargar su dispositivo", recordó el alcalde de Calistoga, Chris

Canning, sobre el primer corte en octubre.

PG&E Electric, Edison y SDG&E atienden

colectivamente a 343 mil clientes de "línea básica médica",

aseguraron las compañías. Los funcionarios de salud pública dicen que los casi

600 mil residentes que reciben servicios de apoyo en el hogar del estado (que

brinda atención a personas mayores, ciegas o discapacitadas que no pueden

cuidarse a sí mismos por completo) también deben considerarse poblaciones

vulnerables que necesitan ayuda adicional antes de los apagones.

Después de perder la confianza en PG&E el año pasado, el

Condado de Napa trabajó en su propia lista más extensa antes de un corte en

junio y mapeó los domicilios de las personas que usan equipos médicos en el

hogar dentro del área que perdería energía, notificó Relucio.

Pero al menos a un residente, un hombre que usa un

dispositivo para mantener su corazón funcionando, casi lo pasan por alto.

Relucio indicó que solo aparecía en una lista federal, pero que no contaba con

ningún número de teléfono registrado. El condado envió a un agente de la

oficina del alguacil a su casa para localizarlo.

Un proyecto de ley presentado por el senador estatal, Bill

Dodd, demócrata por Napa, requeriría que las empresas de servicios públicos

propiedad de inversionistas desarrollen protocolos para mitigar los impactos de

seguridad pública para los clientes de línea básica médica. También ayudaría que

algunos clientes calificados en áreas de alto riesgo de incendio buscaran

generadores de respaldo. En junio, los reguladores estatales ampliaron la

definición de comunidades en riesgo que las empresas de servicios públicos

deberían identificar con las agencias locales y estatales para incluir a

personas con discapacidades físicas o de desarrollo, padecimientos crónicos, no

angloparlantes, adultos mayores y otros.

———

(c)2019 Los Angeles Times

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